Historia de España

¿POR QUÉ UNAS ELECCIONES MUNICIPALES TRAJERON LA REPÚBLICA? EL NUEVO RÉGIMEN REPUBLICANO

Los resultados de las elecciones municipales del 12 de Abril de 1931 convocadas por el gobierno de Aznar adquirieron un carácter consultivo, de apoyo o rechazo a la monarquía. Aunque en la mayoría de los municipios rurales, dominados por caciques, ganaron las candidaturas monárquicas, pero las capitales de provincias y principales núcleos urbanos triunfo la conjunción republicano-socialista, partidaria de la instauración de un régimen republicano. Dos días después, el 14 de Abril, Alfonso XIII decidió acabar la voluntad popular, renunciar a la potestad real y abandonar España. En Madrid, los representantes de los partidos firmantes el Pacto de San Sebastián (republicanos conservadores, de izquierda y radicales, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos) constituyeron un gobierno presidido por Niceto Alcalá Zamora. Al margen de la coalición quedaban la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo más radical (comunistas y anarquistas). El 28 de Junio se celebraron las elecciones a cortes constituyentes. Concluyeron con una nueva victoria de la conjunción republicano-socialista. El gobierno quedó en manos de la coalición republicana-socialista. La primera tarea de las nuevas cortes fue elaborar una nueva constitución de carácter republicano. La constitución tenía un carácter democrático y progresista: España fue definida como “una república de trabajadores de todas las clases sociales”. Pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones. También se establecia el principio de la soberanía popular, la forma de gobierno republicana, unas cortes de carácter unicameral y una división de poderes muy acentuada. Se hacía una amplia declaración de derechos y libertades, se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley y por primera vez, se concede el voto a las mujeres. Por último se declaraba laico el estado y se reconocía el matrimonio civil y el divorcio. La constitución, que obtuvo el rechazo absoluto de los partidos de derecha y de los sectores católicos y de los grupos republicanos más moderados. Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la república y Manuel Azaña lo sustituyó en el cargo de presidente del gobierno.

5º REFORMAS SOCIO-LABORALES Y CUESTIÓN AGRARIA. IGLESIA Y LAICISMO. LA REFORMA MILITAR.

La llegada a la república supuso la aprobación de una nueva legislación socio-laboral, cuyo artífice principal fue el socialista Largo Caballero. Se concretó principalmente en la ley de términos municipales, la Ley de jurados mixtos, la Ley de laboreo forzoso y el establecimiento de la jornada máxima laboral de 8 horas. Junto a estas reformas se emprendieron otras en materia comercial, fiscal, hidraulica, industrial y agraria. La Ley de Reforma Agraria de 1932, el proyecto de mayor envergadura, intentó dar solución al antiguo problema del campesinado sin tierras. Las complejidades legales y burocrática y las limitaciones presupuestarias no tardaron en convertir la reforma en una decepción para el campesinado pobre. A finales de 1933 sólo se habían expropiado unas 24 mil hectáreas y asentado a poco más de 4 mil campesinos frente a los 60 mil previstos. La ley contó con la radical oposición de los grandes propietarios agrícolas que en algunas regiones, como Andalucía, concentraban más de 50% de la tierra. Uno de los primeros objetivos de la república fue limitar la influencia de la iglesia y secularizar la sociedad española. La constitución estipulo la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto del culto y clero. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil, se retiran los crucifijos de las escuelas y se secularizaron los cementerios. Se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, se produjo con los jesuitas, que profesaban un cuarto voto de obediencia al Papa. Acusado de depender de un poder extranjero, la compañía de Jesús fue disuelta y sus bienes, nacionalizados. La jerarquía eclesiástica, salvando excepciones no dudó en manifestar su rechazo hacia la república y en movilizar a los católicos en su contra. La república se propuso también reformar las instituciones militares que contaba con un gran número de oficiales mal pagados y que eran innecesarios para las necesidades defensivas y estratégicas del país. Con esta finalidad se promulgó la ley de retiro de la oficialidad que ofrecía a los oficiales en activo la posibilidad de retirarse voluntariamente, se redujo el número de unidades y oficiales, y se cerró la academia militar de Zaragoza. La reforma militar fue recibida por algunos sectores, sobretodo por los llamados africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército. Quince meses después de la proclamación de la república, algunos militares, como el general Sanjurjo, a la cabeza se sublevaron en Sevilla y protagonizaron un primer golpe de estado contra la república. Aunque el levantamiento fracasó, esto constituyó un serio aviso de que la lealtad del ejército no estaba ni mucho menos garantizada. En materia policial, se creó la guardia de asalto, una fuerza de orden público fiel a la república.

LA POLÍTICA AUTONÓMICA. LA PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA Y LA CULTURA. LA CRISIS DE LA COALICIÓN DE IZQUIERDAS.

Aunque los gobiernos de 1931 defendían un estado central emprendieron una reforma territorial que permitirá a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía. En cataluña se produjo la formación de un gobierno autonómico, la Generalitat, y a la aprobación por las cortes de un estatuto de autonomía. Las primeras elecciones legislativas al parlamento catalán dieron la victoria a ERC y Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco en 1936, ya iniciada la guerra civil se aprobaría un estatuto. José Antonio Aguirre, principal dirigente del PNV, fue elegido primer lendakari (jefe de gobierno vasco). A la reforma de la enseñanza se dedicaron muchos recursos. La república emprendió un plan de construcción de miles de escuelas con el fin de consolidar una enseñanza pública, obligatoria y gratuita. Se optó por un sistema de educación laico y se introdujo la coeducación, suprimiendo así la separación de los alumnos en las aulas por razón del sexo. La dotación de nuevas plazas de maestros y maestras multiplicó por tres las creadas durante la década anterior. La no obligatoriedad de la enseñanza religiosa católica en las escuelas y el carácter laico de la reforma educativa provocó una fuerte reacción entre los sectores políticos y sociales más conservadores. La renovación cultural se materializó en iniciativas que pretendían hacer posible el acceso a la cultura a sectores tradicionalmente olvidados por los poderes públicos. Se impulsaron las misiones pedagógicas con la colaboración de intelectuales como la filósofa María Zambrano, se crearon bibliotecas y se ofrecían charlas y conferencias sobre literatura española, teatro, danza clásica, etc. También se abrieron casas de la cultura con bibliotecas estables, se fomentaron las vacaciones y excursiones escolares y se apoyaron iniciativas como el teatro universitario (la barraca), dirigido por el poeta granadino Federico García Lorca. La reformas emprendidas por la coalición republicana-socialista fueron contestadas por diversos sectores sociales. Por un lado, la derecha y los grupos de presión mostraron una fuerte resistencia al proceso reformista. Por otro lado, las reformas le parecía lentas e insuficientes a la izquierda obrera, que defendía la necesidad de llevar a cabo una revolución social inmediata. A los problemas de la economía española se unio la crisis económica del 1929. Por otra parte, la política de contención del gasto adoptada por los gobiernos se tradujo en un incremento del paro. El deterioro de la economía hizo aumentar la conflictividad social y las huelgas. Ello comportó un incremento de la violencia política, con continuos choques con la fuerza pública en pueblos y ciudades y una escalada de muertos, heridos y detenidos que fue desacreditando a la república . La pérdida de popularidad y el desgaste de la coalición de partidos que respalda al gobierno fueron un aumento durante la primavera-verano de 1933. Con las repercusiones del escándalo de casas viejas. La colaboración entre republicanos y socialistas fue haciéndose cada vez más difícil. En Septiembre, Alcalá-Zamora retiró su confianza al gobierno y nombró a Diego Martínez Barrio presidente del nuevo gabinete con la finalidad de convocar elecciones generales, fijadas para el 19 de Noviembre de 1933.

EL BIENIO CONSERVADOR (1933-1936)

Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en que pudieron votar las mujeres en España, concluyeron con un vuelco en la composición de las cortes. Las derechas, coaligadas, lograron formar una única candidatura en numerosas circunscripciones, frente a unas izquierdas que optaron por presentarse en esa candidatura separada. La adjudicación de escaños otorgó a la CEDA de Gil Robles y al partido republicano radical de Lerroux más de un centenar de diputados a cada uno, insuficientes no obstante para poder gobernar en solitario. La salida fue la formación de un gobierno sostenido por los radicales y algunos pequeños partidos de centro, que puso en marcha una política revisionista de las reformas del primer bienio bajo la supervisión de la derechista CEDA, a cambio de que esta apoyase al gobierno. El nuevo gobierno inició un giro en la política reformista del bienio anterior. Se frenó la reforma agraria y se aprobo un presupuesto de culto y clero. En cuanto al ejército, se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo en 1932. También se inició la destitución de los ayuntamientos en manos de republicanos y socialistas, que fueron sustituidos por miembros de los viejos partidos monárquicos, adscritos a Lerroux o a la CEDA. El giro conservador y la obstrucción de las reformas anteriores tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y de la UGT. En junio de 1934, los socialistas declararon una huelga general campesina en defensa de las conquistas legales y de las mejoras socio-laborales alcanzadas. El movimiento fue reprimido. Ante esta situación, la CEDA endureció su posición y reclamó una acción más contundente en materia de orden público, exigiendo participar en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. El jefe de gobierno, Lerroux, accedió a las peticiones, y el 5 de octubre de 1934 otorgó tres carteras ministeriales a la CEDA, lo cual fue interpretado por la izquierda como una deriva hacia el fascismo. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa de la UGT y con escasa participación de la CNT, se produjeron huelgas y manifestaciones en algunas grandes ciudades como en Asturias y Cataluña, pero el movimiento fracasó a nivel nacional por la falta de coordinación y la contundente respuesta del gobierno, que decretó el estado de guerra. Ya en la primavera de 1934, tras la puesta en libertad del general Sanjurjo y en desacuerdo con la tutela de la CEDA el ejecutivo inició la tan ansiada contrarrevolución que Gil Robles venía anunciando a sus partidarios desde hacía dos años. Se suspendió el estatuto de autonomía de Cataluña y se devolvieron las propiedades a los jesuitas. A lo largo de 1935 se acentuaron las divisiones entre los partidos que apoyaban a los gobiernos de centro-derecha, sobretodo a partir de los escándalos de corrupción en que se vieron envueltos Lerroux y los radicales (caso de estreperlo), que provocaron su descredito ante la opinión pública. Haciendo uso de su prerrogativa, el presidente Alcalá-Zamora decidió disolver las Cortes y convocaron nuevas elecciones para febrero de 1936.

8º EL FRENTE POPULAR (1936)

Las izquierdas acudieron a las elecciones en una gran coalición que incluía a los republicanos reformistas, al PSOE y a los comunistas, y adoptó el nombre de Frente Popular. Su programa defendía la concepción de una amnistía para las personas encarceladas por la revolución de octubre de 1934 y la aplicación de la legislación reformista suspendida por la coalición radical-cedista. La CNT no participó en el pacto. Los partidos de derecha no lograron confeccionar una candidatura única aunque en esencia todos pretendían implantar un régimen católico y autoritario. El frente popular fue la fuerza ganadora, con el 48% de los votos. Las derechas obtuvieron el 46,5%, mientras que las fuerzas de centro solo un 5,4% y el PSOE y la CEDA formaron las principales minorías parlamentarias, aunque los republicanos junto a la izquierda catalana sumaban más de 160 escaños. El PCE, incluido en el frente popular, obtuvo 17 escaños. Falange española no consiguió ningún escaño. De acuerdo con lo firmado en el programa del frente popular, el nuevo gobierno quedó formado exclusivamente por republicanos (izquierda republicana y unión republicana), mientras que en el resto de partidos de la coalición se comprometieron a darles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la república y Casares Quiroga, presidente del gobierno. El nuevo gobierno puso en marcha el programa pactado en la coalición electoral. Se decretó una amnistía y se obligó a las empresas a readmitir a todas las personas que habían sido despedidas en 1934 y se restableció el estatuto de autonomía de Cataluña, y en País Vasco y Galicia se iniciaron las negociaciones para la aprobación de sus respectivos estatutos. Esperanzados en el cambio, los partidos de izquierdas y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. Los anarquistas proponían acciones revolucionarias, y un sector del socialismo se orientó hacia soluciones radicales cercanas a las de PCE. La situación política y social fue deteriorándose: los enfrentamientos en las calles proliferaron y la escalada de huelgas y desórdenes generó un clima de violencia social. Falange española y otros grupos de extrema derecha formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra líderes izquierdistas, y estas fueron respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la izquierda. Mientras el gobierno trataba de controlar los disturbios y restablecer el orden, una buena parte de las derechas ya pensaban en un golpe de fuerza para acabar en el frente popular. La preparación del golpe militar se inició incluso antes del triunfo electoral del Frente Popular. Organizado desde Pamplona por el general Mola, quien asumió el papel de director con los objetivos claros. De la restauración del orden y la autoridad, la defensa de la unidad de España y de la religión católica, y de un marcado carácter antidemocrático y anticomunista, las ramas de la conspiración fueron extendiéndose. El asesinato del 13 de Julio de 1936 del líder de los monárquicos alfonsinos José Calvo Sotelo a manos de integrantes de fuerzas policiales, en venganza por el asesinato del teniente Castillo por la ultraderecha, aceleró la sublevación militar, que se inició el 17 de Junio en Marruecos y dio comienzo a una guerra civil que duraría tres años.

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