Historia de España

LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA:
FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES (1939-1975).

El resultado de la Guerra Civil fue la consolidación de un régimen dictatorial liderado por el general Franco que perduró hasta su muerte en 1975. En sus casi 40 años de existencia, el franquismo se mantuvo siempre como un régimen antidemocrático, aunque sus instituciones fueron evolucionando y se adaptaron a las diversas coyunturas. El franquismo creó un Estado caracterizado por el autoritarismo extremo. Sus rasgos más relevantes fueron los siguientes:

1. La concentración de poderes. Franco adoptó el título de Caudillo de España. Era el jefe del Estado y durante muchos años también fue presidente de gobierno. Además era Generalísimo de todos los ejércitos y jefe nacional del partido único.
2. Un totalitarismo inspirado en el modelo fascista italiano y alemán. Se suprimió la Constitución de 1931 y con ella todas las garantías individuales y colectivas, se clausuró el Parlamento y se prohibieron todos los partidos políticos y los sindicatos. Sólo se permitió la existencia de un partido único (la Falange) y de un único sindicato oficial.
3. El carácter unitario y centralista del Estado. El franquismo abolió los estatutos de autonomía y fomentó la españolización de la población de los territorios influidos por los nacionalismos catalán, vasco y gallego.
4. La represión de los vencidos y de la oposición, que se ejerció durante todo el franquismo de una manera constante y planificada.
5. El control de los medios de comunicación, que estaban sujetos a una rígida censura y eran utilizados como un aparato de propaganda franquista.

Los tres grandes pilares de la dictadura de Franco fueron el ejército, la Falange y la Iglesia católica.

1. El ejército fue el más destacado  sostén del régimen. Participó activamente en la represión política contra los opositores y en el poder, ya que buena parte de los ministros y gobernadores civiles eran militares de carrera.
 2. El partido único, denominado Falange Española Tradicionalista y de la JONS, se encargó de dotar al régimen de sus bases ideológicas, de controlar los medios de comunicación y de suministrar una buena parte de los cargos de la administración. Para lograr apoyos sociales, el partido constituyó cuatro organizaciones de masas: el Frente de Juventudes, dedicado a la formación y adoctrinamiento de la juventud; la Sección Femenina, cuya misión era formar a la mujer con sentido cristiano y nacionalsindicalista; el Sindicato Español Universitario (SEU), que pretendía encuadrar y controlar a los universitarios, y la Central Nacional Sindicalista (CNS), que integraba a patrones y trabajadores en una misma organización.
3. La Iglesia católica tuvo un papel destacado en la justificación y defensa del régimen franquista, que se definía como un Estado confesional católico. A cambio, la Iglesia obtuvo beneficios económicos, gran influencia en el sistema educativo y la imposición de los valores y la moral católica en la sociedad española.

Desde sus inicios el franquismo contó con el apoyo de las clases altas (grandes propietarios, empresarios, financieros, etc.) y de los pequeños y medianos propietarios agrícolas del norte de España. Por otro lado, el trauma de la guerra convirtió a la clase media en mayoritariamente pasiva y apolítica. Y por último, una parte de los sectores populares se consideraban perdedores de la Guerra Civil. Aunque fueron protagonistas de la oposición al franquismo, la represión, el miedo, el control policial, junto con el hambre, la miseria y el afán de supervivencia, condujeron a la mayor parte de las clases populares a la pasividad política.
La participación en el funcionamiento político del régimen franquista se limitaba a los grupos que habían mostrado su adhesión al Caudillo. Durante los primeros años predominaban los sectores que habían dado apoyo a la rebelión de 1936: falangistas, carlistas y monárquicos alfonsinos. La Iglesia también creó grupos de presión de inspiración católica que gozaron de influencia, como la Asociación Católica Nacional de Propagandista o el Opus Dei.
Durante la Guerra Civil, los sublevados habían manifestado su voluntad de eliminar a todos aquellos que se habían opuesto a la sublevación militar y a los que calificaban de enemigos de España. El fin del conflicto no comportó el fin de la violencia, sino que se procedió a la institucionalización de la represión. La primera ley represiva fue la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), con la que se pretendía la depuración de las personas que habían colaborado con la República. En 1940, se añadió la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería.
El ejército fue el principal brazo ejecutor de la política represiva. Así pues, en los primeros años de la posguerra, la mayoría de las causas fueron juzgadas por los tribunales militares en Consejos de guerra, ante los cuales la indefensión de los procesados era casi total.
En cuanto a las cifras de la represión franquista, se calcula que fueron ejecutadas por razones políticas aproximadamente 150.000 personas, de las que 50.000 lo fueron durante la posguerra. En cuanto a la población reclusa, en 1940 había en España 280.000 presos según cifras del Ministerio de Justicia. El hacinamiento en las cárceles junto a unas pésimas condiciones higiénicas y alimenticias causaron una elevada mortalidad entre los presos. Una parte considerable de los condenados, e incluso de los detenidos no procesados, fueron enviados a los Batallones de Trabajadores, donde se dedicaban a la realización de obras de reconstrucción de carreteras, puentes, líneas ferroviarias y otras hidráulicas, o trabajaban en canteras, minas y edificios públicos.

La consolidación del franquismo

La consolidación del régimen franquista y su evolución política estuvieron muy condicionadas por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. España no entró en guerra, aunque colaboró con las potencias del Eje mandando material estratégico y aprovisionamientos, e incluso una unidad de voluntarios (la División Azul) fue enviada a la URSS para combatir junto a las tropas alemanas. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para el franquismo una etapa de aislamiento y rechazo internacionales. Las recién creadas Naciones Unidas condenaron explícitamente el régimen de Franco, impuesto por la fuerza gracias a la ayuda de las potencias fascistas derrotadas. Además el gobierno de Francia cerró la frontera con España y la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó la retirada de los embajadores de Madrid (1946). Así, la España de Franco no pudo beneficiarse del Plan Marshall (programa de ayuda norteamericana  a Europa).
A partir de 1947, la configuración de los dos bloques antagónicos (URSS y EE.UU.) y el inicio de la Guerra Fría alteraron significativamente la situación internacional. En este nuevo contexto era más importante para Estados Unidos y los países occidentales contar con un buen aliado en la lucha contra el comunismo, el gran enemigo, que presionar al régimen franquista para forzar la democratización de su sistema político.
La dictadura franquista pretendió dar una imagen de legalidad con la promulgación de una serie de Leyes Fundamentales que en nada se parecían a una Constitución democrática. Se estableció el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, el Fuero de los Españoles, la Ley de Referéndum Nacional y la Ley de Sucesión, que permitió a Franco designar a su sucesor “a título de Rey”. Las Cortes franquistas no resultaban elegidas democráticamente y todos sus miembros, los procuradores, eran elegidos por el poder. El sistema fue denominado democracia orgánica para diferenciarlo de la democracia tradicional.
Otro poder del Estado fueron los Sindicatos Verticales, formados por  empresarios y trabajadores se integrarían en un mismo sindicato por ramas de producción. El Estado ejercía una férrea tutela sobre la clase obrera, dictaba las condiciones laborales, ilegalizó la huelga y mantuvo salarios bajos para los trabajadores, lo que permitió unos amplios beneficios empresariales.
Uno de los principales objetivos de la primera etapa del franquismo fue conseguir la autosuficiencia económica (autarquía). Para ello se fomentó una política económica que mantuvo el aislamiento del exterior. De este modo, las importaciones y las exportaciones pasaron a estar controladas por el Estado y era necesaria una autorización administrativa para realizarlas. La rígida reglamentación de la economía autárquica conllevaba también el control del mercado por parte del Estado. Los productores agrícolas estaban obligados a entregar toda la producción a un precio de tasa y la propia Administración se encargaba de vender los productos al consumidor a un precio también regulado. El resultado fue el desabastecimiento generalizado de alimentos y el racionamiento de los productos considerados de primera necesidad, que se distribuían mediante una cartilla de racionamiento, vigente entre los años 1939 y 1952. La tasación de los precios de los alimentos por debajo de su valor comportó que muchos productores prefiriesen esconder la producción para venderla en el mercado negro a un precio superior al oficial (estraperlo). Salarios bajos, escasez de productos y precios altos son el triste recuerdo popular de la década de 1940, de los años de la miseria y del hambre. Se calcula que en 1945, la renta per cápita real de los españoles era un tercio de la de 1935 (el nivel de preguerra no se recuperó hasta 1954).
Las dificultades políticas y económicas y la necesidad de suavizar los rasgos del franquismo más coincidentes con el fascismo llevaron a Franco a remodelar su gobierno en 1951. Se dio un mayor peso a los católicos en detrimento de los falangistas. En 1953, Franco obtuvo el definitivo reconocimiento internacional del régimen con la firma de los acuerdos con Estados Unidos y del concordato con la Santa Sede. El Vaticano exigía a cambio el restablecimiento explícito de la confesionalidad del Estado y un considerable estatus de privilegio para la Iglesia católica. Los estadounidenses obtuvieron de España el derecho a establecer y utilizar una serie de instalaciones militares en territorio español (bases de Torrejón, Morón, Zaragoza y Rota).

El desarrollismo y el reformismo político

El gobierno formado por Franco en 1957 dio un mayor peso a los católicos. Entraron como ministros los llamados tecnócratas, algunos procedentes del Opus Dei. Su perfil era más técnico que ideológico, de ahí el nombre de tecnócratas. Apostaban por la liberalización económica y una apertura comercial al exterior para salvar al Estado, que se hallaba al borde de la quiebra. El sector industrial actuó como motor central de la expansión de la economía española y, entre 1960 y 1973 el incremento de la producción industrial alcanzó tasas del 10% anual. La mejora del nivel de vida conllevó un aumento de población (de 30.4 millones de habitantes en 1960 a 35.8 en 1975) y un gran movimiento migratorio, pues un millón y medio de españoles salieron al extranjero y casi cinco millones cambiaron de lugar de residencia dentro del país a consecuencia sobre todo del éxodo rural.
Los gobiernos de la década de los sesenta, en los que cada vez tenían más presencia los tecnócratas, promovieron el desarrollo económico y emprendieron una serie de reformas políticas que enmascarasen algunos de los aspectos más dictatoriales del franquismo. En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público (TOP), que remitía los delitos políticos a la jurisdicción civil aunque ello no significó una disminución de la represión. En 1966, Fraga Iribarne promovió una Ley de Prensa e Imprenta que suprimía la censura previa y permitía la publicación de nuevas revistas periódicas y de libros hasta aquel momento prohibidos, pero fijaba un sistema de multas y suspensiones para penalizar a las publicaciones que superasen el margen de tolerancia permitida. En 1969, de acuerdo con la Ley de Sucesión, Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor.
En 1973, Luis Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno, convirtiéndose en la persona clave para mantener y asegurar la continuidad del régimen después de la muerte del dictador. Estos planes, sin embargo, quedaron truncados en diciembre, cuando Carrero Blanco fue asesinado por ETA en un atentado perpetrado en Madrid. A partir de ese momento, la fractura entre quienes apostaban por la permanencia del régimen a toda costa (el llamado búnker) y quienes apuntaban hacia la necesidad de un cambio progresivo creando asociaciones políticas dentro del Movimiento (aperturistas) fue haciéndose cada vez mayor. En 1974 se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, que se decantó claramente hacia el inmovilismo.
A partir de 1973 tuvo lugar un espectacular crecimiento de la conflictividad social (obrera, estudiantil, vecinal). Los grupos clandestinos de oposición política promovieron la creación de organismos unitarios para reivindicar la democratización del país e impedir la continuidad del franquismo. Por iniciativa del Partido Comunista de España, dirigido por Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, se constituyó en París la Junta Democrática, que integraba al sindicato Comisiones Obreras, numerosos partidos de izquierda e incluso personalidades de la derecha democrática. El PSOE, liderado por Felipe González, impulsó la Plataforma de Convergencia Democrática. Los programas de ambos organismo propugnaba la formación de un gobierno provisional que implantase un régimen democrático, dictara una amnistía y convocara elecciones libres.
En los últimos años de la dictadura se produjo también un recrudecimiento de la violencia política. Por una parte, la banda terrorista ETA incrementó sus atentados, y apareció un terrorismo ultraizquierdista, representado por el FRAP y el GRAPO. El franquismo respondió con una intensificación de la represión, que provocó la retirada de los embajadores europeos. Franco falleció el 20 de noviembre de 1975, dejando tras de sí un régimen anacrónico y en profunda crisis. Tras su muerte, el rey Juan Carlos asumió la jefatura del Estado y se inició un proceso de transición hacia el sistema democrático.

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